¿Quién vigila a quienes cuentan?
El poder y la responsabilidad del periodismo
Periodismo a Contraluz
Por José Rafael Moya Saavedra
Desde sus orígenes modernos, el periodismo ha sido
presentado como un vigilante del poder. La imagen es conocida: periodistas que
investigan abusos, que exponen corrupción, que hacen preguntas incómodas a los
gobiernos, a las empresas y a las instituciones. En muchas democracias, la
prensa ha sido descrita incluso como un "cuarto poder", una instancia
capaz de fiscalizar a quienes toman decisiones públicas.
Esa función es indispensable. En sociedades complejas, donde
el poder se distribuye entre múltiples actores políticos, económicos y
sociales, la información independiente se convierte en una condición básica
para la vida democrática. Sin periodistas que investiguen, documenten y
expliquen lo que ocurre, gran parte de las decisiones públicas quedarían fuera
del escrutinio ciudadano.
Pero esa misma función plantea una pregunta inevitable. Si
el periodismo vigila al poder, ¿quién vigila al periodismo?
Durante mucho tiempo, la respuesta parecía relativamente
clara. La ética profesional, los códigos deontológicos y la reputación de los
medios funcionaban como mecanismos de control interno. Las redacciones
establecían normas sobre verificación, contraste de fuentes y responsabilidad
editorial. Además, el propio ecosistema mediático generaba formas de vigilancia
mutua: los medios competían entre sí, revisaban las investigaciones de otros y,
en ocasiones, señalaban errores o abusos cometidos por colegas.
Sin embargo, el entorno informativo contemporáneo ha
transformado ese equilibrio. Hoy la información circula a una velocidad
vertiginosa; las redes sociales multiplican las audiencias y reducen los
tiempos de verificación. Los medios compiten no solo entre sí, sino también con
plataformas digitales, creadores de contenido y flujos permanentes de
información que no siempre siguen criterios periodísticos.
En ese contexto, la vigilancia sobre el periodismo adopta
nuevas formas. Las audiencias comentan, cuestionan y corrigen información en
tiempo real. Organizaciones civiles analizan coberturas mediáticas y denuncian
sesgos o desinformación. Investigadores académicos estudian los procesos de
producción de noticias y evalúan la calidad informativa. Incluso las propias
plataformas tecnológicas comienzan a intervenir en la circulación de contenidos
mediante algoritmos que priorizan o limitan la visibilidad de ciertas
historias.
El periodismo ya no opera en un espacio cerrado: está
expuesto a una vigilancia permanente por parte de audiencias, instituciones,
plataformas digitales y comunidades profesionales. Ese escrutinio puede
resultar incómodo, pero también es parte de la lógica de una sociedad abierta.
Así como los periodistas cuestionan a quienes ejercen poder, el propio
periodismo debe estar dispuesto a someterse al debate público, reconocer
errores y revisar sus prácticas.
La credibilidad de los medios no se sostiene únicamente en
la autoridad de sus marcas o en la tradición de sus redacciones. Se construye
cada día mediante la transparencia, la corrección de errores y la disposición a
rendir cuentas. En ese sentido, la pregunta "¿quién vigila a quienes
cuentan?" no debería entenderse como una amenaza para el periodismo:
debería entenderse como una condición de su legitimidad.
Porque en última instancia, la vigilancia sobre el
periodismo no proviene de un único actor. Proviene de la sociedad. Y cuando esa
vigilancia funciona, ocurre algo fundamental: el periodismo sigue siendo capaz
de cumplir su función más importante. Contar la realidad, incluso cuando esa
realidad incomoda a quienes preferirían no verla
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